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COMUNICADO AFIME

Declaración de AFIME remitida al Secretario de Estado de Medio Ambiente y al Secretario General de Agricultura y Alimentación, así como a las Subsecretarias de los departamentos correspondientes.



AFIME, Asociación de Funcionarios Ingenieros de Montes del Estado, expone y comparte la siguiente reflexión, ante los inminentes cambios administrativos que previsiblemente afectan al ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en materia forestal.


El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales suprime, en el MAPA, la DG de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, y crea (en MITECORD) la DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.


Por tanto la política forestal, que en los últimos años ha estado adscrita a la administración agraria (Secretaría General de Agricultura y Alimentación), pasa a depender de la administración ambiental (Secretaría de Estado de Medio Ambiente).


Esta situación no es nueva y es perfectamente posible, dadas las particularidades de la política forestal, que comparte elementos comunes tanto con la política agraria y de desarrollo rural como con las de biodiversidad y conservación de la naturaleza, una realidad con la que ha convivido siempre. Por tanto, esté en el ministerio que esté, siempre va a ser necesaria la adecuada coordinación con el otro ámbito administrativo.


Sin embargo, al no haber sido aprobado todavía el Real Decreto de estructura de los diferentes ministerios, existe incertidumbre ante una posible disgregación, tanto de competencias como de unidades administrativas. Inquietud que se ha visto acentuada con las recientes declaraciones que afirman que la caza y la pesca continental, quedarán integradas en el nuevo MAPA, desligándose de la política forestal.


Queremos recordar que hay dos ámbitos de competencias en los que la caza se encuentra regulada por legislación básica. La Ley 43/2003 de montes y sus posteriores modificaciones, donde es considerada como aprovechamiento forestal, así como la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se regula, entre otras materias, la protección de las especies silvestres en relación con la caza y pesca.

En ambas normas el tratamiento que se da, no solo a la caza sino al resto de usos y aprovechamientos de los recursos naturales, pretende promover y regular un uso sostenible, estrechamente unido a su conservación, como así viene recogido expresamente entre los principios inspiradores de ambas leyes.


Además, el desarrollo reglamentario de esas leyes mantiene la actividad administrativa de la AGE, en relación con la caza y la pesca continental, unida a al resto de recursos forestales y de las políticas de biodiversidad. Baste como ejemplo las siguientes regulaciones:

- Real Decreto del Inventario Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

- Plan estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

- Catálogo Español de especies exóticas invasoras

- Registro de infractores de caza y pesca

- Comité de caza y pesca

- Estadísticas de caza y pesca

- Inventario Español de Caza y Pesca

- Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES)

- Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza

- Mesas sectoriales de la caza y la pesca (no están reguladas pero han sido convocadas por el Ministro de Agricultura en 2018 y 2019)


Ello tiene su reflejo en el tratamiento administrativo de la caza en las administraciones de las comunidades autónomas, donde las unidades competentes en materia de gestión cinegética y piscícola continental se encuentran, mayormente, integradas en el órgano directivo competente en materia de montes, aprovechamientos forestales y conservación de la naturaleza.


Por otra parte, debe tenerse en cuenta la relación entre la caza, la pesca continental y la gestión del territorio (abarca aproximadamente 40 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos y más de 3270 cursos o masas de agua) y la población rural, siendo ambas un importante aporte a la economía local en buena parte del territorio.


Esta consideración, en el sistema legal y administrativo de España, del uso de los recursos naturales en su doble vertiente de conservación y sostenibilidad, está en línea con el compromiso perseguido con la Agenda 2030. Así, el objetivo 15, sobre ecosistemas terrestres, se refiere a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; y menciona expresamente la caza y el uso sostenible de los servicios que proporcionan los ecosistemas. En este sentido parece lógico que la AGE promueva una política integral para la gestión de los diferentes servicios que prestan los ecosistemas, para lo que una disgregación competencial en múltiples unidades administrativas no ayudaría.


Considerando todo lo anterior, apostamos por una estructura administrativa que tenga en cuenta una visión amplia e integradora del ámbito forestal, en aplicación los principios generales de eficacia y coordinación que deben guiar los servicios públicos. Con independencia de la adscripción de las políticas forestales a uno u otro ministerio, parece adecuado que todas las materias propiamente forestales, incluyendo la caza y pesca continental, queden integradas bajo una misma unidad, dada la transversalidad e integración natural que estas materias juegan dentro de los sistemas forestales.


Creemos firmemente que la política forestal responderá mejor a las demandas de la sociedad si aglutina todos los aspectos implicados en la misma. Desde nuestro desempeño como funcionarios públicos, entendemos que no se trata de "dar" o "quitar" competencias a un determinado departamento, sino de dar a la sociedad el mejor servicio público para satisfacer el interés general, en este caso, en relación con el uso y aprovechamiento sostenible de los montes y los servicios que nos proporcionan.

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